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MODIFICACIÓN A LEY DE CONDOMINIOS
DE VIVIENDAS SOCIALES

Lo que se ha transformado en una verdadera novedad dentro de la discusión parlamentaria, es la posibilidad de acceder a dineros públicos para realizar ampliaciones en las viviendas. María Jesús Barroso, directora ejecutiva de ONG Cordillera, explica que la actual Ley de Condominios permite invertir fondos públicos sólo en bienes comunes, pero la nueva modificación amplía ese concepto a viviendas sociales.

“Si se aprueba la ley, será viable que los condominios sociales puedan postular a fondos para realizar ampliaciones en las viviendas que lo integran”. La experta reconoce que una buena convivencia al interior de una familia puede verse afectada por el deterioro de su propiedad, más aún, cuando se trata de condominios sociales, los cuales llegan a agrupar 600 viviendas y además deben soportar el paso del tiempo, una calidad deficiente y falta de mantención.  

Que una comunidad se organice para optar a una ampliación o mejoramiento de sus departamentos, significará un cambio concreto en las condiciones de vida de cada uno de los vecinos, lo que sin duda constituirá un catalizador de graves conflictos de convivencia vecinal. “Problemas clásicos como las filtraciones de agua del piso superior, que deteriora los pisos inferiores, al igual que muchos otros casos, podrán resolverse a través de estas medidas”, informa Barroso. 

En tanto, los clásicos conflicto entre vecinos ocasionados por la música alta, mascotas en el edificio, uso indebido de espacios público, entre otros, ya no tendrán porque llegar a la justicia. De ser aprobadas las modificaciones a la Ley de Copropiedad que se están discutiendo en el Senado, habría una nueva instancia extra judicial para resolver los conflictos entre vecinos: el municipio.

“Sería interesante contar con el municipio como ente regulador. Por un lado, la gente podría resolver más fácilmente sus dificultades evitándose todo el conflicto judicial; y por otro, la municipalidad estaría en contacto directo con las necesidades de los vecinos que habitan este tipo de viviendas”, sostiene la profesional.

Dentro de las demandas más urgentes que la ONG ha podido detectar, se encuentra la necesidad de más espacios privados, pues actualmente existe un millón de chilenos que viven en departamentos de 36 m2, con frágiles paredes divisorias, sin aislamiento para los ruidos y con serios problemas de convivencia, que van desde fiestas con altos decibeles de música, presencia de mascotas y mala utilización de áreas comunes, hasta situaciones extremas como tráfico de drogas y actos delictivos, por mencionar algunos.

Barroso, agrega que “se requiere de apoyo claro y significativo por parte del Estado, el que debiera sumarse al esfuerzo económico que muchas familias están dispuestas a hacer y que incluso han concretado en ampliaciones irregulares. Todo esto requiere además, de un apoyo técnico que permita acompañar y asesorar en lo social, legal y económico”.

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