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LOS PACIENTES TENDRÁN DERECHOS Y DEBERES

Pocas veces sometemos más nuestra voluntad que cuando vamos al médico. Entendamos o no el diagnóstico, quedemos o no conformes con la atención, lo más frecuente es que asumamos sin mayores reclamos el veredicto de estos profesionales, quienes indudablemente manejan un conocimiento del que carece el grueso de la población.

Cierto es que las campañas masivas de prevención de enfermedades, así como la difusión a través de los medios de comunicación de los riesgos que ciertas conductas implican para nuestro bienestar nos han comprometido, como consumidores, a asumir un papel más activo en cuanto a la atención médica que recibimos, estimulándonos, por ejemplo, a asumir estilos de vida más saludables.

Además, en el último tiempo los usuarios de los servicios de salud han debido asumir una mayor proporción de los costos directos de la atención, pagando tarifas por servicios que anteriormente eran cubiertos por el Estado o comprando los medicamentos que necesitan.

Pero esto no necesariamente ha contribuido a disminuir ese sentimiento de cierta indefensión que muchos sentimos cuando, por ejemplo, debemos someternos a una intervención quirúrgica sin entender exactamente sus beneficios y sus riesgos, o cuando nos damos cuenta de que todo nuestro historial médico es de público conocimiento para isapres y aseguradoras.

Resolver ese tipo de problemas es el objetivo del Proyecto de Ley de Derechos y Deberes de las Personas, primera iniciativa legal en el marco de la Reforma a la Salud anunciada por el Gobierno y que fue firmada el pasado viernes por el Presidente Ricardo Lagos y fue enviada el lunes con simple urgencia al Parlamento.

La idea, que actualmente se está implementando en la mayoría de los países del mundo, es establecer una relación más equilibrada entre los proveedores de los servicios de salud -médicos, enfermeras, químicos farmacéuticos y otros profesionales- y los usuarios de estos servicios en cuanto ciudadanos, consumidores y pacientes. Para la población, esta ley constituirá un valioso instrumento en sus campañas en favor de más equidad y participación en el cuidado de su salud. Para los profesionales del sector, una legislación como ésta sirve como pauta para contribuir a un mayor fortalecimiento de los códigos de ética y conducta de sus gremios.

Garantías Recíprocas
Entre los aspectos fundamentales que el documento pretende salvaguardar están los derechos a acceder sin discriminaciones arbitrarias a cualquier establecimiento de salud, sea público o privado; a recibir un trato digno y respetuoso para el paciente, lo que implica el uso de un lenguaje adecuado y comprensible, así como el respeto a la privacidad y el pudor de las personas atendidas. También contempla el derecho a contar con la compañía de parientes y amigos cercanos durante la hospitalización.

Igualmente, consagra el derecho de los usuarios de los servicios de salud a efectuar en forma verbal o por escrito, consultas, reclamos sugerencias u opiniones, las que pueden ir acompañadas de la atribución esencial de las personas a recibir información completa de parte de los prestadores y el deber de estos de proporcionarla.

Salvo en situaciones de emergencia, cuando la no aplicación del procedimiento médico suponga riesgo vital para el paciente o para la salud pública; los afectados tendrán el derecho a exigir esta información completa antes de autorizar o rechazar una intervención de cirugía mayor o compleja.

Al mismo tiempo, los datos contenidos en la ficha clínica del paciente serán de su propiedad exclusiva, pudiendo revisarla y obtener copias de los datos contenidos en ella cada vez que lo consideren oportuno.

 

En cuanto a los deberes de las personas se encuentran colaborar a la generación de ambientes saludables y al cuidado de su propia salud, de su familia y de toda la comunidad. También se considera un deber del paciente recibir información acerca de los riesgos y alternativas de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se le indiquen o apliquen, solicitar una debida atención de salud, cumplir con las prescripciones sanitarias generales para toda la población, obedecer las indicaciones del equipo médico, conocer las instancias de consulta y reclamo habilitadas, y por último, contribuir con la mantención de los establecimientos de salud usando responsablemente las prestaciones y servicios.

A juicio de la ministra de Salud, Michelle Bachelet, la garantía más esperada por los usuarios y que cubriría este proyecto de ley, es la información fluida y comprensible que el médico debe dar a su paciente. “La gente siente que no se le dice todo respecto a su diagnóstico, o que no lo entiende, y esto ocurre tanto para el evento específico como para sus opciones de atención. Por eso muchas veces asume tratamientos sin comprender realmente lo que ha sucedido con su salud”, indicó al anunciar el envío de la iniciativa al Congreso.

Tratamiento Incompleto
Pese a lo loable del proyecto, éste no ha estado exento de críticas, las que han venido especialmente desde el gremio médico. Las discrepancias surgen respecto a la figura del “representante legal”, un abogado que tendría a su cargo la asesoría de los usuarios cuando se considere que el médico ha faltado a algunos de los puntos de la legislación y que, al igual que estos, tendría acceso a la ficha clínica del paciente.

Según ha expresado el Colegio Médico, si bien consideran positivo que los pacientes accedan a la información de manera clara, el hecho que no esté suficientemente regulado el uso de la ficha se podría prestar para abusos de abogados que quieran emprender acciones legales por presuntos errores médicos. Para el gremio, la extensión indiscriminada de esta práctica a la larga entorpecería la atención de salud en vez de hacerla más expedita .

Con respecto a este punto la legislación que iniciará hoy su trámite parlamentario no establece claramente plazos perentorios para que la información sea entregada al paciente, por lo que podrían pasar meses o años antes que el solicitante pudiera hacer uso de su ficha clínica. Otro punto pendiente es aquel que fija el derecho a la salud para todos los chilenos, pues si bien la iniciativa sanciona la discriminación arbitraria, no contempla como responsabilidad estatal el responder por las necesidades de salud de sus habitantes.

El proyecto de Ley de Derechos y Deberes de las Personas, cumple con una aspiración que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha venido promoviendo desde 1990. Finlandia fue el primer país en establecer un marco regulatorio similar, en 1992, y a la fecha otras 10 naciones europeas cuentan con leyes en este sentido. En América Latina existen iniciativas parecidas en México, Argentina y Ecuador. En nuestro país, existe una Carta de Derechos de los Pacientes, que actuó como inspiradora de la nueva legislación, pero que sólo era efectiva para usuarios del sistema público y con alcance limitado al no tener la categoría de ley de la República.

Esta legislación es sólo el primer paso de la profunda reforma a la salud en que se haya empeñado el gobierno de Ricardo Lagos. Para este año se espera el envío de otras importantes reformas como la nueva Ley de Isapres, en el mes de septiembre; modificaciones y nuevas normas para fortalecer a la autoridad sanitaria, en octubre; y, tal vez la más importante, una ley para constituir el Fondo Solidario de Salud, que comenzaría a discutirse a partir del 2002.

Por Patricia Valdivia

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