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Primero fue la “Revolución de los Pingüinos”, con una Presidenta recién llegada al poder. Cundieron los paros y las manifestaciones, las tomas y las jornadas de reflexión. Todos contra la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que regía desde 1990.
Con un gran apoyo popular, los estudiantes lograron lo que muchos gremios no han podido: eliminar una Ley. Para calmar los ánimos se estableció un Consejo Asesor Presidencial de Educación para crear una nueva normativa que hoy tiene a todos, nuevamente, paralizados.
Génesis de la Ley General de Educación
Las movilizaciones de 2006 contra la LOCE, presionaron a todos los actores políticos para asumir que la legislación necesitaba cambios fundamentales en pro de mejorar la enseñanza en Chile. Fue entonces cuando la Presidenta Michelle Bachelet creó el Consejo Asesor Presidencial para la Educación, para generar un nuevo proyecto.
Para que los cambios tuvieran un piso político que asegurará su buen futuro en el Congreso, se generó un acuerdo entre la Alianza, el Gobierno y la Concertación, lo que dio origen a la polémica Ley General de Educación (LGE), actualmente en discusión parlamentaria.
LGE v/s LOCE
La nueva normativa tiene grandes diferencias con su antecesora. Para sus creadores un punto fundamental es que constituye una ley en democracia que busca la derogación de la LOCE, que incorpora y enfatiza los principios de calidad y equidad educativa, y se encarga de resguardar la calidad de la educación, a través de la creación de Agencia de Calidad.
Paralelamente, la LGE se encarga del control y regulación del uso de los recursos fiscales, mediante la creación de la Superintendencia de Educación, y se reforzaría el concepto de Comunidad Educativa con deberes y derechos para sus integrantes: Centros de Estudiantes, Centros de Padres y Apoderados, Consejos de Profesores y Consejos Escolares.
Las autoridades explican que la LGE establece requisitos más exigentes que los actuales para incorporarse como sostenedor al sistema educativo y mantenerse en éste, y los sostenedores sólo podrán ser personas jurídicas, poseer giro único, y los que reciban recursos del Estado deberán rendir cuenta pública de los mismos.
Además, la LGE plantea la creación de una Agencia de Calidad, que tendría misión de resguardar y asegurar el cumplimiento en la calidad de la educación, estándares que deberán ser definidos por el Ministerio de Educación y regirán para todos los establecimientos educacionales, que serán vigilados de cerca por el Consejo Nacional de Educación, que estaría compuesto por miembros de la Comunidad Educativa, a diferencia del anterior Consejo Superior que incluía a miembros de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial.
Paralelamente, se originaría una Superintendencia de Educación, institución encargada de fiscalizar el uso de los dineros fiscales y de hacer auditorías a los establecimientos y sus sostenedores, como una forma de asegurar que los recursos del Estado cumplen con su propósito: financiar una educación de calidad.
Es por ello que un punto relevante de la LGE es el endurecimiento de las exigencias para los sostenedores de las escuelas, estableciendo requisitos más estrictos, como ser profesionales, ser personas jurídicas, poseer giro único, rendir cuenta pública de los recursos estatales, garantizar solvencia económica y tener un proyecto educativo.
Asimismo, la LGE busca establecer los procesos de selección de alumnos para las escuelas subvencionadas por el Gobierno y los derechos de los estudiantes, como terminar con las expulsiones por rendimiento académico entre pre kinder y 6° básico o por repetir un curso.
También se modifica el Currículum Escolar de 8 años de educación básica y 4 años de educación media por 2 ciclos de seis años cada uno, donde los niños de 7° y 8° básico ya serán secundarios, y donde la educación media esté compuesta por 2 ciclos, uno de 4 años de formación general y uno de 2 años de formación diferenciada.
Finalmente, la LGE reconoce las modalidades educativas especiales que no estaban incorporadas a la LOCE, como la educación intercultural dirigida a los pueblos indígenas, educación de adultos y las diversas modalidades de educación especial.
Si bien la LOCE y la polémica LGE tienen grandes diferencias, también tienen un importante punto en común: el odio de los estudiantes y profesores.
Sigue la Batalla
La Ministra de Educación, Mónica Jiménez, la defiende. La Presidenta Bachelet también. Los parlamentarios están divididos y los estudiantes simplemente la odian. Secundarios y universitarios presentan petitorios y el resto del país, poco o nada entiende.
Los docentes también se oponen. ¿Por qué? El Colegio de Profesores reconoce que el cambio a la LOCE era necesario, pero no están contentos con la nueva Ley. Para ellos existen ocho puntos que no se pueden transar.
Según el gremio, la LGE establece la mantención del rol subsidiario del Estado, cuando en realidad el Estado no tiene el deber de asegurar la educación de propiedad pública y de calidad, por lo que el Derecho a la Educación sigue siendo de las familias y al Gobierno sólo le corresponde proteger el ejercicio de ese derecho. Por eso, los profesores afirman que la definición de Libertad de Enseñanza es la misma que contenía la malograda LOCE.
En cuanto a la creación de la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad y el Consejo de Educación, los docentes afirman que lo único que se consigue es separar las funciones de dirección del Ministerio, debilitando el rol del Estado.
Para el Colegio de Profesores, el Consejo Nacional de Educación cambia lo que se propuso, originalmente, de manera que los representantes de la comunidad educativa deberán ser aprobados por el Senado y, por lo tanto, podrían no representar a los estamentos de la educación.
La mantención del lucro ha sido el principal objeto de ataque de todos los bandos. Los educadores explican que tras el acuerdo del Gobierno con la oposición, la prohibición del lucro con fondos públicos fue limitada al concepto de “lucro regulado”, lo que permitirá – a su juicio-, seguir con el negocio de la educación subvencionada, sólo que con mayores exigencias. Para el gremio, esto significa claramente que los pequeños sostenedores que no cumplan con los requisitos desaparecerán, y terminarán operando grandes consorcios educacionales como sucede con las universidades privadas del país.
Asimismo, critican que al fortalecer la autonomía de los programas educaciones se agravarán las diferencias entre una buena y mala educación, dependiendo de las posibilidades técnicas y financieras de las escuelas.
En cuanto a los cambios en los ciclos de enseñanza, los profesores postulan que se rebajará en un 25% la educación básica y no serán fortalecidas materias como Francés, Alemán o Filosofía, los que serían directamente afectados por la Reforma, generando incertidumbre laboral.
Lo de regular la selección de alumnos tampoco les gusta. Afirman que se prohibirá solamente por motivos económicos y de rendimiento hasta 6° básico, pero que a partir de 1° medio (o 7° básico en el régimen actual), la selección será permitida.
Finalmente, el Colegio de docentes asegura que avalar el ejercicio profesional de quienes posean 8 semestres o cuenten con un título afín a su asignatura sólo generará más cesantía e inestabilidad laboral, debilitando su profesión.
Por estos motivos, es que el gremio de educadores se opone a la LGE y piden su retiro inmediato del Parlamento, exigiendo un debate a nivel nacional donde ellos sean actores principales.
“Pingüinos” en Alerta
Un poco más complicado es entender lo que piden los estudiantes, especialmente los secundarios.
También están a favor de quitar la Ley del Congreso y de abrir espacios donde ellos también sean escuchados, pero lo más importante, sean tomados en cuenta. 
El petitorio publicado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), es clara y precisa. Su principal batalla es la educación pública y gratuita en todos sus niveles y el fin de la municipalización, lo que consideran como una “progresiva privatización de la educación pública”.
Además, solicitan eliminar los establecimientos particulares subvencionados, una Tarjeta Nacional Escolar que les permita acceder a transporte a un valor único nacional o bien, gratuito.
También, piden que la Jornada Escolar Completa (JEC), realmente se cumpla con el objetivo que se planteó: una mañana teórica y por las tardes talleres prácticos.
El petitorio incluye el fin de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), por un sistema que seguiría el modelo de bachillerato; establecer leyes especiales para estudiantes en práctica de los liceos técnicos profesionales, donde cuenten con un seguro, prácticas pagadas y derecho a sindicalizarse; y por último, el veto a la LGE.
Los estudiantes secundarios tienen tantas peticiones como colegios existen. Todos quieren educación de calidad y gratuita, y critican la LGE por no definir exactamente “Calidad”, por continuar con el lucro, y también por la prohibición de selección hasta 6° básico. ¿Por qué? Según información publicada en el sitio Web de la Asamblea Metropolitana de Estudiantes Secundarios la prohibición de selección en base a promedio del año anterior o pruebas de admisión llevará a los establecimientos a “seleccionar según residencia, situación socioeconómica, pituto o cualquier otra, es decir discriminado y no seleccionado”.
También cuestionan la creación de la Superintendencia, pues los castigos para los sostenedores que malversen los fondos no estarían claros, así como las sanciones o multas no serían lo suficientemente altas.
Varias aristas para un solo conflicto que está muy lejos de terminar. ¿Quién tiene la razón? Usted decide.
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