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La Llave
del Tesoro
Pero si la
importancia económica de la tierra es un asunto en que existe casi pleno
acuerdo, la interrogante acerca de “cómo” debe generarse
la riqueza en Chile ha sido un campo de batalla de grandes y opuestas
doctrinas económicas. A lo largo
de este siglo, el mundo ha visto el enfrentamiento, muchas veces marcado
por el signo de la violencia, entre visiones contrapuestas acerca de
la mejor forma de organizar la economía de un país. En Chile este
debate, que adoptó especial fuerza en los años sesenta, degeneró en
un violento y agudo conflicto
que, en último término, produjo
una enorme crisis económica y el quiebre del sistema democrático. La intensidad
de ese conflicto fue un testimonio de la enormidad de las concepciones
doctrinarias subyacentes. Dos visiones muy diferentes, cada una buscando
redefinir cómo debe crearse la riqueza en Chile, han dejado sus huellas
en el suelo chileno. La doctrina
socialista, ya sea en su variante comunitaria o marxista, no comprendió
que el verdadero capital productivo es aquel que deriva a su valor a
través de la creatividad y diligencia de su propietario operando en
marcados libres. Por el contrario, erigieron al Estado como una gran
redistribuidor de riqueza de acuerdo al erróneo concepto de que la riqueza
podía ser masivamente redistribuida para crear aquí en la tierra la
“justicia” perfecta. La esencia
de esta visión estatista de la economía y la sociedad se encarnó en
la gran Reforma Agraria de 1966. El gobierno democratacristiano de la
época intentó demostrar que la riqueza se podía distribuir tan fácilmente
como la tierra. El concepto
de propiedad reflejado en la Reforma Agraria se extendería luego a la
expropiación de la Gran Minería del cobre y a un ataque generalizado
al derecho de propiedad que casi culminó durante el gobierno de la Unidad
Popular, en la llamada Reforma Industrial que habría expropiado también
a este sector clave de la economía chilena. En este sentido,
incluso los que rechazamos frontalmente la filosofía colectivista que
subyacía debajo de estas actuaciones, no podemos dejar de reconocer,
de pie sobre sus cenizas, el esfuerzo gigantesco que desplegaron los
que realizaron estas enormes- tanto en sus consecuencias como en sus
errores- obras de ingeniería política y económica. La visión de
estos ideólogos estaba basada en la errónea creencia de que la relación
entre la gente y la propiedad es suficientemente arbitraria como para que el Estado pueda designar
a los dueños de la propiedad. Más aún, los estatistas creen que la propiedad
no necesita realmente un dueño y son firmes partidarios de la propiedad
pública, pues ella efectivamente significa que nadie es dueño. Pero no sólo
deber tener la propiedad un dueño claro; el dueño debe tener la suficiente
seguridad de modo que se interese por mantener bien e invertir en su
propiedad. Si el Estado puede disponer libremente de la propiedad privada,
quitándole a unos y entregándole a otros, ni los ganadores ni los perdedores
de ese ejercicio del poder político se sentirán lo suficientemente protegidos
y seguros de su propiedad como para asumir riesgos y asignar capitales
para incrementar su valor. En 1981, la
Reforma Minera enfrentó la visión socialista que había generado la Reforma
Agraria y generó la ocasión para un claro y dramático contraste con
lo ocurrido 15 años antes. Al crear verdaderos
derechos de propiedad en el sector económico de mayor tamaño del país,
y de mayor sensibilidad política, el mensaje que envió la Reforma Minera
hacia los inversionistas nacionales y extranjeros fue que la propiedad
privada en Chile era, desde ese momento, un derecho absolutamente seguro
( Ver Economía y Sociedad Nº 1, marzo 1982). El proceso
de apertura y liberalización del período 73-80 ya había demostrado el
compromiso del nuevo modelo con el realismo macroeconómico y la economía
de mercado. Ahora se demostraría que la propiedad con dueño era capaz
de producir una expansión sin precedentes del importante sector minero
creando así riqueza en magnitudes excepcionales. Entonces en
un período de 15 años se
llevaron a cabo en Chile dos reformas de gran importancia y conceptualmente
antagonistas, cada una ofreciendo una definición alternativa del tipo
de economía que sería preferible para el país. Un gobierno
demuestra coherencia en su política económica según como contesta una
pregunta básica: ¿Cuál es la llave del tesoro? La Reforma
Agraria y la Reforma Minera fueron dos respuestas distintas y contrapuestas
a esa pregunta, cada una el producto de una diferente manera de ver
el mundo, cada una parte de una estrategia global de desarrollo. Sería difícil
encontrar actualmente a un analista serio que no estuviera de acuerdo
en que los resultados han sido elocuentes: la llave del tesoro es la
creación privada de la riqueza. La Reforma
Agraria produjo una crisis de la producción agrícola y el quiebre de
la fábrica social del país. Por su parte, la Reforma Minera ha significado,
en el período 85-90, inversiones extranjeras por US$7.153 millones ( un 70 % del
total materializado), destinados a desarrollar nuestra riqueza, crear
trabajo productivos, transferir tecnología y, a través de los impuestos,
recursos sustanciales para invertir en capital humano. Se estima que
la inversión total en minería, tanto de empresas chilenas como extranjeras,
sólo en los próximos cinco años será de US$ 9.000 millones. El concepto
de propiedad reflejado en la Reforma Minera de 1981 consolidó una visión
nueva acerca de cómo se crearía la riqueza en Chile, una doctrina que
llevó lógicamente en los años siguientes a la privatización de las grandes
empresas estatales especialmente en las áreas de las telecomunicaciones
y la energía. Pero ahora
está ocurriendo un cambio trascendental. Si históricamente la riqueza
fue creada poniendo los recursos naturales al servicio del hombre, en
el futuro la llave de la creación de riqueza- la llave del tesoro- será
el cultivo de la inteligencia y el conocimiento humano. Actualmente
podemos apreciar que incluso la extracción de minerales o productos
agrícolas del suelo se apoya más en el uso de inteligencia que en fuerza
humana. Pero aunque
Chile ha modernizado importantes sectores de su economía y su sociedad,
el sistema estatal de educación se encuentra en una profunda crisis
porque está basado en la misma estructura conceptual que originó la
Reforma Agraria y que mantiene a Codelco en poder del Estado. La propuesta
del Proyecto Chile 2010 es enfrentar el gran desafío pendiente de la
reforma educacional con la misma filosofía que ha demostrado ser exitosa
en la Reforma Minera y en las modernizaciones que se realizaron en el
período 75-88. Es un trágico
error postular hoy en día que la preocupación especial por los pobres
exige que el Estado produzca cobre y educación. Todo lo contrario. No podemos
permitir que la mala calidad de la educación estatal condene a los pobres
a una pobreza perpetua cuando existe una alternativa. El asunto central
es que la definición misma de lo que es riqueza ha cambiado y la política
moderna debe reconocerlo. Hoy en día la riqueza es fundamentalmente
capital humano y el insumo básico es la educación. Es posible que sea
menos perjudicial para un país tener empresas estatales produciendo
acero o explotando minas, que escuelas administradas por la burocracia
estatal. En una economía
basada en el conocimiento, un país con su sistema educacional construido
sobre escuelas estatales será considerado semi-socialista. Una profunda
reforma educacional es la tarea más urgente e importante de nuestra
sociedad. Las escuelas
no pueden seguir siendo consideradas como parte del gasto social asignado
para mitigar los efectos de la pobreza y enseñarles a leer y escribir
a los hijos de los trabajadores. Por el contrario,
las escuelas deben estar en manos de los más capaces de llevar adelante
los mejores proyectos educacionales – programas, metodologías,
infraestructura- que compiten entre sí, sectorial y regionalmente, para
ofrecer a los jóvenes chilenos las mejores alternativas para enfrentar
el siglo XXI. Esto sólo pueden hacerlo empresarios privados dispuestos
a desarrollar su iniciativa y arriesgar los capitales a cambio de una
legítima ganancia. Los profesores deben dejar de ser funcionarios públicos
regidos por un estatuto que uniforma la mediocridad, pasando a ser actores
activos de los proyectos educacionales y recibiendo un adecuado ingreso,
ya sea por la prestación de sus servicios o como dueños o codueños de
las escuelas. El rol del Estado debe centrarse en subsidiar la demanda
de educación de los más pobres y asegurar la transparencia y competitividad
del sistema. Así las escuelas
podrán transformarse en los centros productivos estratégicos del país,
en el lugar donde se jugará la ventaja competitiva de las naciones en
el siglo XXI. La educación no sólo reemplazará al suelo fértil y a los
yacimientos mineros como el recurso clave para el desarrollo y la creación
de riqueza, sino que también será el más significativo determinante
de la eliminación de la pobreza en la sociedad. |
